Mineros están preocupados por desaparición del Fondo Minero

La Cámara Minera de México (Camimex), mostró su preocupación hacia la postura del Senado que confirmó la desaparición del Fondo Minero estimado el año pasado en 4 mil 500 millones de pesos, los cuales serán destinados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la reconstrucción de escuelas.

En un comunicado emitido al concluir los trabajos de la XXXIII Convención Internacional de Minería que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, la Camimex que agrupa el 93 por ciento de la producción minera del país, en conjunto con el Grupo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, la organización en Minería Mujeres WIM de México y, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México recibieron esta noticia “con alta preocupación”.

La decisión del Senado de la República por aprobar una redistribución del Fondo Minero que consideraron como “injusta” y que rompe con el espíritu para el que fue creado en 2014, dejando de lado las garantías para que estos recursos beneficien a las comunidades mineras. Los mineros ahí congregados insistieron en que la prioridad para el sector es que estos recursos lleguen a las comunidades y municipios donde fueron generados, y que contribuyan al fortalecimiento de las acciones que paralelamente realizan las empresas mineras para la generación de bienestar social y desarrollo de comunidades, principalmente las alejadas de los centros urbanos y, que en las regiones mineras se contribuya a alcanzar mayores niveles de calidad de vida, desarrollo y bienestar.

“Los mineros estamos extremadamente consternados por la decisión del Congreso de la Unión que, además, desestimó las solicitudes de gobernadores de estados, presidentes municipales, de la industria y comunidades mineras para garantizar que los recursos regresen a estas localidades”, se señala en el documento. Tras dar por concluidos los trabajos de esta convención internacional, los miembros del organismo encabezado por Fernando Alanís Ortega, se hizo un llamado enérgico a las autoridades, para reconsiderar la metodología de distribución de los recursos y las reglas de operación del fondo, donde se establezca con claridad que sean destinados exclusivamente a las comunidades, municipios y estados mineros.

En tanto, los miembros de la Camimex dentro de la industria minera se comprometieron a ser un sector que impulse prácticas de sustentabilidad y tener un papel activo para generar un mayor bienestar para miles de familias mineras y millones de mexicanos. “Nos consideramos el mejor aliado del Gobierno Federal para lograr los objetivos sociales más valiosos que promueve este nuevo proyecto de gobierno”.

Diputados avalan recorte del 50% a financiamiento de partidos

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó disminuir el financiamiento público en un 50 por ciento a los partidos políticos a fin de ahorrar 500 millones de pesos.

Esta propuesta que reformaría al artículo 41 de la Constitución Política, se prevé que sea discutida este martes durante la sesión ordinaria del Pleno, y con ella se modificaría el cálculo para otorgar recursos a los partidos, mediante la disminución del 65 al 32.5 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El dictamen fue aprobado con 17 votos de Morena y del Partido Encuentro Social y 14 en contra de la oposición (PAN, PRI, PT, MC, Verde y PRD).

No obstante, la oposición advirtió que este cambio genera un desequilibrio en las finanzas de los partidos políticos, pues Morena como partido mayoritario seguirá obteniendo más recursos que el resto, por lo que objetaron que la disminución no es equitativa y beneficia solo al partido en el poder.

Con AMLO, 95 personas mueren cada día a causa de la violencia

En los primeros 10 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un promedio de 95 personas mueren cada día a causa de la violencia, lo que especialistas en seguridad califican como “escalofriante” y advierten que, de continuar así, la actual administración podría superar las cifras de víctimas a causa de la inseguridad de los gobiernos anteriores.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 10 primeros meses del gobierno de López Obrador (diciembre- septiembre) se han registrado 28 mil 782 homicidios dolosos.

Apenas el pasado martes 22 de octubre se cumplió el plazo de seis meses que el propio López Obrador puso para comenzar a ver resultados en materia de seguridad, promesa que dio el 22 de abril pasado tras la matanza en un bar de Minatitlán, Veracruz, en la que 14 personas, incluido un bebé de un año de edad, fueron asesinadas por sicarios al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, los episodios violentos con decenas de víctimas mortales se siguen presentando: el ataque a un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron 30 personas; la emboscada a agentes estatales en Agulilla, Michoacán, en la que perdieron la vida 13 uniformados; el enfrentamiento en Tepochica, Guerrero, donde fallecieron 15 personas, y más recientemente el llamado jueves negro de Culiacán, en el que un operativo fallido para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán derivó en una batalla entre sicarios y militares que dejó 13 muertos, 25 heridos y a Ovidio Guzmán López en libertad luego de que las fuerzas del estado se vieran rebasadas por el masivo despliegue del Cártel de Sinaloa.

Tras este último episodio, ocurrido el 17 de octubre, a cinco días de cumplirse la,fecha para la pacificación prometida por AMLO, éste subrayó que se trata de una tendencia derivada de “una política equivocada que se impuso desde 2006”, y ahora se empeña en explicar que “no se puede bajar de la noche a la mañana”.

Especialistas en seguridad ven esto como la crisis más grave de los últimos años. Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, expuso que es importante diferenciar la violencia heredada de pasadas administraciones de aquella derivada de las malas decisiones del actual Presidente.

Rivas Rodríguez señala que el Ejecutivo debe definir su estrategia y prioridades,evaluando con objetividad los procesos y sobre todo invertir mucho en materia de seguridad, porque considera que su administración “lo que ha hecho es un recorte detrás de otro”, y hoy se tiene mucho menos dinero del que se tenía hace un año.

Como ejemplo, en estos momentos los alcaldes del país negocian con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se les recorten programas importantes como el subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).

Señaló que “estamos viendo la peor crisis de violencia que México recuerde”, lo que “tiene que obligar al gobierno a tomar acciones profundas y rápidas”, pues si la tendencia continúa, 2019 cerrará como el año más violento en la historia del país.

Por su parte, la investigadora del World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon, alerta sobre el creciente número de feminicidios en el país, lo cual indica una grave violencia de género que no está siendo atendida, y que provoca que cada día tres mujeres sean asesinadas, que sumadas a los fallecimientos por violencia criminal suma casi 100 muertos diarios.

Chapa Koloffon señala que “ha sido un error muy grande del gobierno federal, empezando por el Presidente, generar una expectativa tan grande de la Guardia Nacional al ponerla como la solución de los problemas de seguridad del país, cuando una fuerza federal por su naturaleza es muy difícil que pueda incidir y comprender dinámicas locales de violencia”.

La especialista destacó que no todo es responsabilidad del Ejecutivo, pues dice que se debe fortalecer el federalismo para que estados y municipios respondan a la violencia. Destacó que las fuerzas federales pueden tener sentido para combatir el crimen organizado, pero de ninguna manera pueden resolver otro tipo de delitos.

AMLO NO TOMA EL TEMA DE LA SEGURIDAD CON SERIEDAD

Francisco Rivas Rodríguez, quien también es consultor del National Strategy Information Center, en Estados Unidos, cuestionó el discurso del Presidente en torno a llamar a que los delincuentes se porten bien y dejen de delinquir.

Lamentó que López Obrador no esté tomando con seriedad combatir los delitos y que en cambio invierta “mucho tiempo justificándose y en decir que las cosas no están tan mal, aprovechando los espacios para seguir peleando con sus adversarios políticos”, lo cual calificó como deplorable y recordó que las últimas semanas se dio una serie de desastres en materia de seguridad.

 

 

 

Narcotúnel, santería y hasta lanzacohetes, lo hallado en el corazón de Tepito

Un narcotúnel, laboratorios para elaborar metanfetaminas, armas de alto poder y hasta un altar de Santería fue lo hallado durante el operativo de la Policía capitalina junto con la Marina en el barrio bravo de Tepito.

En la operación fueron detenidos 31 presuntos miembros de La Unión Tepito, con lo que las autoridades dan un duro golpe a esta organización criminal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reveló imágenes al interior de la vecindad de la calle Peralvillo y llamaron la atención aquellas donde está un altar santero con cráneos humanos manchados de sangre.

El hace poco designado secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, precisó que también fueron hallados 50 kilos de precursores químicos, más de dos toneladas de marihuana, 20 kilos de cocaína, 20 armas, un lanzacohetes, granadas, balas y dinero, entre otras cosas.

Además, fueron descubiertos dos túneles usados para el trasiego de droga, los cuales comenzaban dentro de lo que parecía una vivienda común.

Los narcotúneles son comúnmente descubiertos en la frontera del país con Estados Unidos, pero es la primera vez que se informa sobre ellos en la capital.

Por años, las autoridades de Ciudad de México han negado la presencia de carteles de la droga en la capital pese al aumento de delitos como extorsiones y robos, aunque en los primeros nueve meses del año la cifra de asesinatos bajó 24% interanual, según datos oficiales.

México se encamina a cerrar el 2019 como uno de los años más violento desde que se tengan registros. Entre enero y septiembre casi 26 mil personas han sido asesinadas, lo que ha puesto bajo fuertes críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió pacificar al país, donde la violencia vinculada al narco recrudeció la semana pasada.

Buscan moldear el Poder Judicial a los ejes de la 4T

En un hecho sin precedente, los titulares de los Poderes de la Unión pactaron iniciar la discusión de la reforma constitucional al sistema judicial, cuyo eje es alinear las leyes y normas que rigen su operatividad con los principios de la Cuarta Transformación de combatir la corrupción y la impunidad.

Al defender el papel de los juzgadores como garantes de la estabilidad democrática, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial”

Los senadores buscan alinear 99 iniciativas en un dictamen que se prevé este listo a más tardar la segunda semana de enero de 2020, y que parte de propuestas que han levantado la crítica de la esfera judicial.

Para ello, se han delineado iniciativas en el Congreso de la Unión que han causado polémica entre la comunidad jurídica por tocar temas como ajustar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), frenar el nepotismo, la remoción, sanciones y adscripción de jueces federales, así como la austeridad, paridad de género, rotación de jueces y la transparencia en sus sentencias.

También se analizará la viabilidad de crear una tercera sala dedicada a resolver actos de corrupción, con lo que el Ejecutivo propondría cinco ministros adicionales al pleno de la Suprema Corte.

Zaldívar coincidió con el coordinador de Morena en el Senado y principal artífice de cambios al sistema judicial, Ricardo Monreal Ávila, en que se necesita “una sacudida” al interior de este Poder para garantizar su papel equilibrador.

“Tengo la confianza en que el resultado de esta colaboración de Poderes será una reforma de Estado que dará cauces a las exigencias de justicia del pueblo de México”, dijo el ministro Zaldívar al tiempo de reconocer que la ciudadanía los ve ajenos a la realidad y como un grupo que sólo defiende privilegios.

Confió en que la reforma que emerja de este ejercicio debe ser producto de una construcción común, con pleno respeto a la división de Poderes y a la independencia, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

“Los jueces federales y particularmente los jueces constitucionales somos pilar esencial de una sociedad libre y democrática. El fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, aseveró durante la mesa de trabajo para una “Reforma con y para el Poder Judicial’’.

Y anunció que en breve enviará al Congreso la propuesta que los juzgadores ven más viable para modernizarse y responder a las demandas ciudadanas, pues reconoció hoy se les ve alejados de la ciudadanía y como un grupo que sólo quiere defender sus privilegios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, atizó la crítica a los juzgadores al reprocharles que “en momentos cruciales, no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les correspondían como garantes del respeto y la protección de los derechos humanos y de la democracia formal”.

Y enlistó lo que llamó capítulos negros como la represión y las matanzas de 1968 y 1971. Los fraudes electorales de 1988 y 2006. Resoluciones como la de la Guardería ABC, Atenco y Ayotzinapa, entre otras.

En el evento también participó el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien señaló que el Poder Judicial enfrenta grandes retos que evidencian la necesidad de revisar el sistema de justicia y realizar cambios al interior; mientas que estimó que esta transformación no se podrá concretar si no se refuerza la independencia, calidad y el profesionalismo del propio Poder.

Consideró que un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de conflictos generan incentivos para que los derechos elementales se protejan y produzcan consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros, por lo que dijo, que generar estos mecanismos contribuirá a reducir la impunidad y la corrupción, a mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia, así como alcanzar la igualdad y la paz social.

Dentro de estas reformas, trasciende la intención del gobierno federal por generar un Código Penal Único, como planteó el PRI en San Lázaro el pasado mes de mayo y que dé como resultado una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles.

Ello, para eliminar la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas, ya que se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de hechos como el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia.

Adelantó que se propondrá que la autoridad judicial, observe los principios de taxatividad, racionalidad, intervención mínima, proporcionalidad, graduación y congruencia al momento de individualizar la sanción penal.

Scherer Ibarra también enmarcó regular las leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar delitos como: secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales.

Así mismo, dijo que se propondrá la expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia, con base en los principios de colaboración, cooperación, concurrencia y auxiliaridad.

En ella, apuntó que se establecerá la regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes; la obligación de los policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación, de prestar auxilio al ministerio público, para la investigación de hechos constitutivos de delitos.

Además, aseguró que trabajarán en la creación de un Registro Nacional de Carpetas de Investigación y las bases de atracción de los casos entre el ministerio público de la Federación y de las entidades federativas.

“En el mismo sentido, propondremos para su reforma a este Congreso, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar facultades a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para fijar criterios y emitir lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las carpetas de investigación, en plena observancia de la autonomía de los agentes del ministerio público”, añadió.

Por su parte el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero enfatizó que es necesario innovar un nuevo modelo de justicia cívica inmediata, por lo que instó a legislar lo antes posible.

Artículo 118 de la Ley Orgánica del PJF Propone un programa de rotación de magistrados de circuito y jueces de distrito para que no duren menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción.
Artículos 112 y 131 de la LOPJF Impulsa hacer pública la declaración de intereses, incluyendo vínculos familiares y de afinidad con integrantes del PJF.
Artículo 81 de la LOPJF Establece la paridad de género como eje de la carrera judicial; alternancia de géneros en la presidencia de la Corte; que los tribunales colegiados y Plenos de Circuito se integren de manera paritaria; que exista paridad en las convocatorias de oposición para el ingreso.
Artículos 81 y 112 de la LOPJF Busca facultar al CJF para diseñar y aplicar evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial con cinco exámenes.
Artículos 94, 95, 100, 105, 107, 109 y 113 de la Constitución Pretende una tercera sala dentro de la SCJn dedicada a asuntos de corrupción. Añade cinco ministros más a su pleno. Aumentan de 11 a 16 ministros.

Por errores de mando, sometieron a soldados en Culiacán

Venían de Los Mochis rumbo a su base en Mazatlán. Era una camioneta del Ejército donde viajaban nueve soldados del octavo batallón de infantería que tiene su cuartel en el puerto.

Al cruzar por el libramiento que bordea Culiacán para llegar a la caseta de peaje, localizada en la comunidad de Costa Rica, un comando de más de 40 hombres ya los esperaba. Imágenes tomadas en un video, que circuló en redes sociales desde esa tarde del pasado jueves, mostraban cómo los soldados sin oponer resistencia, incluso con saludo de mano de por medio, quedaron rodeados.

Los soldados iban al mando de un subteniente con apenas dos años que se graduó del Colegio Militar. Se trataba de un oficial sin experiencia operativa ni conocimiento de qué era lo que sucedía en ese momento en Culiacán, dice una fuente castrense adscrita a la comandancia de la tercera región militar en Mazatlán.

El pelotón de soldados venía del norte de Sinaloa donde habían participado en labores de auxilio a la población civil por las lluvias intensas de días anteriores debido a un sistema de baja presión. Por eso los vehículos traían lonas amarillas a los costados con la leyenda Plan DN-III como se aprecia en las imágenes.

El comando de civiles eran pistoleros del cártel de Sinaloa, en pocos minutos tomaron los vehículos oficiales para moverse durante los enfrentamientos, y sometieron a los soldados desarmándolos para tomarlos como rehenes. En otro video que circuló en redes aparecen los vehículos militares conducidos por los sicarios.

COORDINACIÓN

Poco después de las 15 horas del pasado jueves, un comando de la división antidrogas de la Guardia Nacional, apoyados por soldados de la Policía Ministerial Militar, la antigua judicial federal militar, irrumpió en un domicilio de la colonia Gabriel Leyva, en la zona urbana de Tres Ríos, de la capital sinaloense.

La explicación de las autoridades del gabinete de seguridad federal, después de cinco versiones diferentes previas, fue que se trató de un operativo para cumplir una orden de detención con fines de extradición contra Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de la segunda mujer de Joaquín El Chapo Guzmán.

La captura originó una movilización nunca vista que paralizó a partir de ese momento la vida cotidiana de Culiacán. En términos militares los pistoleros tomaron la iniciativa al fijar posiciones debido a su estructura descentralizada que les facilitó mayor movilidad.

La ofensiva criminal fue una operación coordinada que consistió en 19 bloqueos en intersecciones que incluían varios puentes sobre los ríos que comunican la ciudad. Al mismo tiempo asaltaron el penal de Aguaruto, donde liberaron a 51 reos, atacaron el puesto de coordinación de los cuerpos de seguridad conocido como C-4, y tiroteraron una guarnición militar en Limón de los Ramos.

Pero el golpe a la vulnerabilidad del Ejército llegó cuando uno de los comandos se apostó a las afueras de la unidad habitacional militar en la colonia 21 de Marzo, donde la guardia fue atacada a tiros. De aquí se llevaron a dos personas.

Para ese momento el pelotón del Octavo Batallón de Infantería ya estaba retenido y comenzaban a intensificarse mensajes de propagada negra contra los militares y la población civil.

En un audio se escuchaba que habían agarrado a las familias de militares y los tenían amarrados a una pipa que harían estallar si no liberaban a Ovidio. Otro mencionaba que si no lo soltaban “de uno por uno irían matando a los guachitos”. Un video donde se apreciaba a la distancia un hombre maniatado tirado en el piso, con vestimenta verde olivo tipo militar, mostraba cómo le destrozaban el cráneo a tiros. La autenticidad de las imágenes no pudieron ser corroboradas y se consideró parte de la propaganda criminal.

PIFIAS EN LA CADENA DE MANDO

En la conferencia en palacio de gobierno de la capital sinaloense había dos altos mandos que nadie cuestionó y pocos supieron quiénes eran. Estaban sentados a la izquierda del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa.

El primero era el general Homero Mendoza Ruiz, jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el segundo era su colega, el general retirado Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

El general Sandoval identificó como efectivos de la Policía Ministerial Militar y de la Guardia Nacional los encargados de llevar a cabo el operativo. Este grupo actuó de forma precipitada y “con deficiente planeación” a lo que sumó una “falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención”. Pero lo que resultó más grave, reconoció el funcionario, fue que se omitió “obtener el consenso de sus mandos superiores”.

Esto se tradujo en que se desestimó el poder de convocatorio y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar la captura de Ovidio.

El teniente de fuerzas especiales retirado y abogado militar Alberto Carrera Álvarez señala que los errores de los comandantes fueron: no tener un plan de defensa ante este tipo de situaciones, falta de coordinación con las autoridades civiles y no tener una fuerza mayor para este tipo de acciones.

LA MORAL DE LAS TROPAS

Los abogados César Gutiérrez Priego y Alberto Carrera Álvarez coinciden en que tres días después de los sucesos hay un malestar al interior del Ejército por el hecho de que los pistoleros se metieran a la unidad habitacional militar a amedrentar a las familias.

La moral de las tropas resultó afectada, es lógico, pero en el Ejército existe suficiente capacidad para hacerle frente a éste y otros desafíos, dijo Gutiérrez Priego.

Ovidio, el hijo de El Chapo Guzmán sí fue liberado por el Gobierno

Ovidio Guzmán López, hijo del capo y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín alias El Chapo Guzmán fue liberado para mantener la paz en Culiacán según.

Fueron las misma fuerzas de seguridad que dejaron en libertad del capo de la droga, confirmó a Reuters el secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, explicando que se tomó la decisión para proteger vidas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante su titular Alfonso Durazo confirmó la identificación de Ovidio Guzmán en Culiacán.

El funcionario explicó que a las 15:30 horas una patrulla de 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena realizaba un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán.

Posteriormente indicó que los elementos fueron agredidos desde una vivienda por lo que repelieron la agresión tomando el control de éste lugar localizando en su interior a Ovidio Guzmán.

Mensaje del Gabinete de Seguridad sobre los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa:

Video insertado

La retención del hijo de El Chapo, Durazo apuntó que “grupos de la delincuencia organizada rodeara con una fuerza mayor a la de la patrulla“.

“Otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico”, delineó Durazo.

De manera ambigua, Durazo expuso que “para salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones“, sin embargo no explica de qué acciones habla.

Finalmente dijo que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad tomaron la decisión de trasladarse a Sinaloa “para conducir personalmente las acciones personalmente las acciones correspondientes”.

El infierno en Culiacán

Ráfagas de balas, armas de alto calibre, incendios de vehículos y columnas de humo se divisaron en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, tras el arresto de Ovidio Guzmán.

En represalia por esta acción, pronto se extendió la violencia por muchas calles del centro de la ciudad, en uno de los sucesos más violentos e indiscriminados de la historia reciente de México.

Su propósito era “generar pánico”, como dijo el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo.

Centenares de personas han buscado resguardo en viviendas y establecimientos. Otros, tal y como reflejan decenas de vídeos publicados en redes sociales, se han encontrado atrapados entre las balas.

Por el momento se desconoce si hay víctimas mortales, aunque se habla de que civiles habrían perdido la vida en este fuego cruzado.

En tanto, el caos se dispersaba por la ciudad, con los llamados narcobloqueos, la quema de automóviles y mobiliario urbano por parte del narcotráfico para bloquear las vías.

“Ya no respetan a nadie, y todos corremos riesgo, así como estamos. No tenemos seguridad de nada. Sí me tocó (el tiroteo). Nunca he estado en una guerra, pero se oían como si estuviera en una”, dijo este jueves a Efe Jesús Elías Avitia.

Este mismo habitante de Culiacán lamentó los “daños materiales” y se mostró temeroso de lo que podía suceder en la ciudad.